¿Somos iguales?

Andrea tiene 40 años y siente que su casa es un lugar del que escapar. Según el reporte del portal noticioso Cubadebate, ella está casada y tiene dos hijos adolescentes. “No, su esposo nunca la ha golpeado, pero la ofende a menudo, se burla de su aspecto físico, controla sus amistades e ingresos económicos y la presiona para que limite su vida social”.

Según indica Cubadebate, este no es un caso aislado. El portal alerta sobre la urgencia de “mirar hacia el ámbito doméstico como espacio potencial de violencia de género y de tomar medidas para limitar su desarrollo y consecuencias” en el contexto de la respuesta nacional a la COVID-19.

Con respecto a este tema, la Dra. Ada Alfonso Rodríguez, profesora e investigadora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), expone que “la restricción de la movilidad y la permanencia en el hogar ha puesto en evidencia un problema que, aunque se reconoce su existencia, no se conoce su magnitud: las violencias basadas en género (VBGs)”.

“La pervivencia en nuestro país de estereotipos de género y de discriminación por razones de género, orientación sexual e identidades y expresiones de género; la convivencia en el espacio familiar de varias generaciones, la incertidumbre y el estrés generado por la pandemia; la asunción de roles por parte de las familias que en tiempos normales recaen en instituciones gubernamentales; las limitaciones y las carencias de recursos materiales y otras son cuestiones que requieren ser vistas en el contexto de la prevención de las VBGs”.

Las VBGs y la situación epidemiológica actual

Según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género realizada en 2016, el 26.7% de las mujeres encuestadas consideró que había sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja en los 12 meses anteriores.  No pocos argumentos dan cuenta de que el contexto generado por la COVID-19 podría empeorar esta situación.

Una encuesta generada por el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, como parte de las acciones globales de la campaña Generación Igualdad, reconoció la violencia psicológica como la prevaleciente en el país, un dato que concuerda con investigaciones precedentes de mayor alccance. Al preguntarse por vía digital sobre las formas de violencia psicológica más comunes, la mayoría de las respuestas apuntó hacia "celar", "someter veladamente" o "controlar la vida del otro", tres manifestaciones que perfectamente podrían agravarse dentro de un contexto de confinamiento como el provocado por la COVID 19.

La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG-2016) contó con la colaboración financiera y técnica del UNFPA a través de su Oficina Regional y en Cuba, y forma parte de la cooperación con el Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas y el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, entidades que coordinaron todas las etapas de la ENIG a nivel nacional. De igual forma, su realización fue apoyada por ONU Mujeres y los Fondos de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y para la Infancia (UNICEF).

El Informe Técnico COVID-19: Un enfoque de género, publicado por el UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas, en marzo de este año, indica que en épocas de crisis, “las mujeres y las niñas pueden presentar un riesgo más elevado de padecer violencia infligida por la pareja y otras formas de violencia intrafamiliar, como resultado de las tensiones crecientes en el hogar”. 

De acuerdo con el subdirector de CENESEX Manuel Vázquez Seijido, ahora que “las relaciones sociales son marcadas por el distanciamiento físico”, la prevención y atención a las VBGs “se mantiene como una prioridad para las instituciones estatales y la sociedad civil”.

La vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) Yamila González Ferrer explica que, en Cuba, “el personal de salud tiene una alta presencia femenina. Son mujeres sometidas a grandes presiones en el cumplimiento de sus misiones y eso tiene una repercusión también a nivel familiar. Del mismo modo, las féminas son la mayor parte de la población envejecida. Además, la recarga del trabajo doméstico y de cuidado aumenta para las mujeres cubanas en esta situación y, la violencia de género, como problema de salud, se agrava”, explica González.

En ese sentido, Alfonso subraya que, en estos días, marcados por la cercanía con los agresores y la intermitencia del contacto de las víctimas con redes de apoyo, “la prevención resulta una necesidad y una vía para garantizar la solución de conflictos que puedan generar manifestaciones de violencia, así como para minimizar los daños en caso de que esta ya se haya producido”.

“La violencia es un problema complejo, requiere de la sensibilidad para la atención de las situaciones asociadas a sus diferentes expresiones y, en particular, de la comprensión de los mecanismos simbólicos y estructurales que operan en las VBGs”.

“La emergencia actual pone en tensión los servicios existentes, los recursos humanos encargados de las prestaciones de estos y a las personas que construyen la cotidianidad social cubana en todos los escenarios. Se abren servicios en locaciones no habituales, a la vez que se alejan a los y las proveedores de estos de sus habituales rutinas y de sus familias, todo lo cual adiciona factores estresores a la respuesta social a la COVID-19”.

No obstante, asegura, “en el país existen experiencias valiosas en la prevención de distintos problemas sociales y de salud. Además, Cuba cuenta con personal capacitado y los recursos para hacerlo”.

Al respecto, González señala como una fortaleza con que cuenta el país para prevenir y atender las VBGs a “la organización comunitaria que existe a través de las delegaciones de base de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y que puede servir de contención y canalización inmediata de todas estas situaciones”.

Para la jurista, resulta crucial “tener activadas las redes de apoyo a nivel comunitario y entender que proteger a las víctimas es tarea de todas y todos y es una forma de expresar la solidaridad, a la que tanto se llama en estos tiempos”.

Servicios jurídicos y de salud disponibles en Cuba

En respuesta a esta situación y de manera coordinada, varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil cubanas han puesto a disposición de las mujeres y las personas LGBTI, servicios de ayuda y orientación. En realidad, no se trata de servicios nuevos. Ya existían antes de la llegada del SARS-CoV-2 a Cuba. Más bien, se les ha otorgado mayor visibilidad bajo el supuesto de que puede existir un incremento de las VBGs.

Alfonso los enumera: “los servicios en todas las áreas de salud, las Casas de Orientación de la Mujer y las Familias, los trabajadores sociales, la Policía y la Fiscalía en los territorios. Las líneas telefónicas de la Fiscalía, la Policía y el MINSAP han ampliado los servicios que brindan y están funcionando las 24 horas. Otros servicios que se brindaban en instituciones como CENESEX y el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) han pasado a ofrecerse a distancia y se han evidenciado nuevas iniciativas de instituciones o grupos de trabajo con vistas a atender a todas las personas que así lo requieran”.

UNFPA apoya los esfuerzos de Cuba para poner fin a las VBGs.

Entre las acciones que se llevan a cabo como parte de la respuesta nacional a la COVID-19, González menciona también que se están utilizando las redes sociales con mayor intensidad para brindar la información sobre los servicios jurídicos y de salud que están a disposición de las cubanas.

Asimismo, “a través de los espacios informativos de la televisión cubana se ha abordado el tema con el objetivo de que las mujeres y otras personas vulnerables puedan actuar jurídicamente en caso de que se presente una situación de este tipo. Además, se han elaborado materiales comunicativos con mensajes positivos, de cultura de paz y con enfoque de género, que orientan a dónde acudir si es necesario, los teléfonos, correos electrónicos y sitios digitales a su alcance”.

Al respecto, Alfonso subraya que “el conocimiento de los servicios existentes permite a la población en general, y a las víctimas en particular, acercarse a una ventana de oportunidades, conocer que no están solas y que existen personas en diferentes instituciones en capacidad de ayudarlas a encontrar las mejores soluciones a las situaciones que viven”.

González insiste en que “es vital que las mujeres y otras personas vulnerables conozcan qué servicios están a su disposición y cuáles son las vías para contactarlos de forma inmediata ante un hecho de violencia. Por otra parte, para las personas agresoras, el conocimiento de estas acciones que se llevan a cabo, posibilita que se contengan y que sientan que no hay impunidad.

¿Cómo apoya UNFPA las acciones de prevención y atención a las VBGs en Cuba?

Poner fin a las VBGs para el año 2030 es uno de los objetivos estratégicos de UNFPA. Este objetivo está en línea con los compromisos adoptados por todos los países que asistieron a la Cumbre de Nairobi y responde también al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, recogido en la Agenda 2030.

Antes de que el nuevo coronavirus se expandiera vertiginosamente a nivel global, UNFPA Cuba ya trabajaba de conjunto con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para prevenir y atender las VBGs. Entre estas instituciones están el CENESEX, el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), la UNJC, el Departamento de Salud Mental del MINSAP y la FMC. Construir una ruta crítica y articular las respuestas de los diferentes sectores ha sido una de las tareas clave de los últimos años, en la que el UNFPA ha estado acompañando los esfuerzos de estas entidades.

Junto a estas instituciones, el apoyo de la agencia suiza de cooperación COSUDE y la participación de la Oficina en Cuba de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), UNFPA Cuba apoya el desarrollo de una experiencia piloto para prevenir y atender las violencias basadas en género en el municipio capitalino Centro Habana.

En el actual contexto de la emergencia, UNFPA se ha mantenido colaborando con sus contrapartes institucionales y con organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo de estrategias y acciones enfocadas en la prevención de las VBGs.

Entre estas acciones se encuentran la asistencia técnica brindada durante la elaboración del Plan de Acción Nacional para la Atención Integral a la Violencia (2020-2025) del MINSAP, el apoyo al equipo asesor de la FMC para la elaboración del Plan Integral de Prevención y Atención a las VBGs e intrafamiliar, y la abogacía para el desarrollo de servicios esenciales de VBGs en el contexto de la COVID-19. 

Además, como parte de la respuesta a la pandemia, desde UNFPA Cuba se llevó a cabo un mapeo de los servicios jurídicos y de salud que se encuentran activados y son ofrecidos por instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para prevenir, eliminar y atender tanto las VBGs como la violencia intrafamiliar.

A partir de ese mapeo, UNFPA Cuba ha acompañado la producción y diseminación de materiales informativos y educativos que permiten dar a conocer los servicios jurídicos y de salud disponibles a un público amplio, para que las personas dispongan de información clara y veraz sobre los servicios a los cuales pueden acceder

Igualmente, UNFPA Cuba ha contribuido a la producción y diseminación de materiales informativos y educativos que permiten dar a conocer los servicios jurídicos y de salud disponibles a un público amplio, para que las personas dispongan de información clara y veraz sobre los servicios a los cuales pueden acceder.

Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la UNJC, y la Dra. Ada Alfonso, investigadora del CENESEX, destacan el valor de los productos comunicativos elaborados por varias instituciones y organizaciones cubanas con el apoyo del UNFPA.

Desafíos en la prevención y atención a las VBGs

La vicepresidenta de la UNJC anota “la sensibilización de las trabajadoras sociales, brigadistas sanitarias, dirigentes de base; así como el personal de la Policía y la Fiscalía” como desafío para la prevención y atención a las VBGs tanto en el contexto actual como en un futuro próximo.

“En este sentido, el grupo asesor de expertas en materia de violencia adscrito a la Federación de Mujeres Cubanas, que trabaja en la elaboración de la Estrategia Integral de Prevención y Atención por acuerdo del Grupo Nacional de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, ha estado muy activo haciendo propuestas vinculados a los procedimientos de actuación de la Policía, la Fiscalía, los servicios de salud y la línea ayuda con que cuentan estas instituciones”.

Mientras tanto, Alfonso expone las que, a su juicio, son tres lecciones que la COVID-19 deja en cuanto al perfeccionamiento de la respuesta a las VBGs:

La primera es la importancia de contar con una línea telefónica de atención a la VBG. De acuerdo con la especialista, “la experiencia acumulada por las líneas existentes pueden ser un excelente punto de partida para la ampliación de los servicios a las personas que se encuentran atrapadas en las redes de una cultura heteronormativa y patriarcal”.

La segunda es el reto de la sostenibilidad de los servicios brindados a las víctimas de la VBGs. “Los servicios dirigidos a las víctimas van a requerir de continuidad en el tiempo, de seguimiento, evaluación de los daños, seguridad y protección”, entre otras acciones.

La tercera es la necesidad del fortalecimiento de la respuesta intersectorial a la VBG. “En el caso de la VBG se requiere fortalecer la respuesta de todos los sectores con la participación de la población, no se trata de un asunto privado, ni un problema de salud individual, sino de un problema que afecta el ejercicio de derechos humanos y el desarrollo sostenible por lo que potenciar y aprovechar la experiencia del trabajo intersectorial para brindar una respuesta integral al problema es un imperativo ético y social”.

Para concluir, el subdirector del CENESEX identifica necesidades que emergen en este período y que configuran líneas de trabajo para la etapa actual y futura. Entre ellas destaca: “El rediseño de las estrategias de atención en los servicios de orientación y acompañamiento a víctimas para garantizar su desarrollo en condiciones de distanciamiento físico; el desarrollo de acciones comunicativas para ofrecer información sobre los procesos de denuncias y atención a víctimas; la diversificación de las estructuras para radicar denuncias; el fortalecimiento de los mecanismos de detección de eventos de violencia basada en género a nivel comunitario; y el fortalecimiento de las iniciativas de la sociedad civil para la prevención y atención a la violencia basada en género.